La izquierda protege a los okupas pero asalta el hogar de unas chicas indefensas


El pasado 21 de marzo 6 agentes de la policía nacional española fueron denunciados por derribar la puerta de una vivienda de Madrid para interrumpir una fiesta que incumplía el toque de queda impuesto por las autoridades políticas. A pesar de que carecían de autorización judicial, los policías golpearon la puerta del domicilio con el ariete hasta que consiguieron entrar en la propiedad privada por la fuerza.

En un vídeo grabado por los propios moradores de la casa, se observa como la joven advierte a los policías de que están tratando de acceder a su domicilio sin su consentimiento, un comportamiento que podría acarrear un delito de allanamiento de morada tal y como asegura el juez instructor Jaime Serret. Un delito que supone la principal traba judicial para efectuar los desalojos de las viviendas okupadas.

La Audiencia Provincial tiene dudas sobre la proporcionalidad

Sus imágenes que han sido empleadas como prueba durante la instrucción del caso y demuestran la violencia que emplearon los agentes para penetrar en la casa ante la impotencia de la joven que pedía a los agentes que rectificaran desde el otro lado de la puerta.

La policía argumenta que actuaron  de esta forma porque el propietario de la vivienda no quiso identificarse, no porque se estuviese celebrando una fiesta: actuaron por lo que entendieron como un delito de desobediencia grave.

La acusación por su parte, defiende que no existía «ni urgencia ni necesidad» para que los agentes se emplearan con tanta contundencia. Un argumento que se ve reforzado por el dictamen de la Audiencia Provincial de Madrid que ha absuelto a las personas que estaban celebrando la reunión privada, y que ha admitido sus dudas respecto a la proporcionalidad de los agentes que invadieron el domicilio sin autorización judicial.

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